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Intervención del Senador Juan Lozano en el debate sobre fuerza pública en plenaria de Senado


Bogotá, 17 de mayo de 2011.- Intervención del Senador Juan Lozano Ramírez como citante del debate a los ministros de Defensa, Rodrigo Rivera Salazar; del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras; de Hacienda, Juan Carlos Echeverry Garzón para que expliquen la situación salarial y prestacional actual de los miembros de la Fuerza Pública y del personal en retiro

“Muchas gracias, señor Presidente. Yo primero le agradezco a la Plenaria, a nuestra Corporación, la aprobación de la proposición que hace posible este debate, este debate tiene un propósito esencial y es que en momentos en los que en nuestro país se requiere la consolidación de una política de seguridad, que avanza por un camino muy importante para devolver derechos esenciales a los colombianos, valoremos integralmente lo que representa en términos de justicia, en términos de equidad, en términos de humanidad, el respeto por los hombres y mujeres que se ponen el uniforme de nuestra patria para defendernos.

Por los hombres y mujeres que se pusieron también el uniforme de las Fuerzas Armadas de Colombia y de la Policía Nacional para defendernos a todos los Colombianos, este es un debate que tiene como fundamento una convicción profunda en relación con la equidad y la justicia, y que tiene también la certeza y parte de ella, acerca del presupuesto fundamental para que una política integral de seguridad tenga éxito.

No es otro que asegurar la dignidad, que asegurar la justicia, repito, que asegurar el tratamiento justo del Estado para con los miembros de la fuerza pública y para con sus retirados; el Partido de la U ha venido acompañando con determinación esta política de seguridad que sembró y lideró en Colombia el Presidente Álvaro Uribe y que ha tomado y lidera con fortaleza el Presidente Juan Manuel Santos, y por eso hemos dicho que nuestra responsabilidad es simultáneamente la de asegurar que ese legado se mantenga y el de acompañar al Presidente Santos para que tenga éxito en su tarea de Gobierno.

Ese esfuerzo no se agota en destinar unos recursos para la compra de equipos, no se agota en el recaudo de un impuesto de patrimonio, no se agota, ni se puede agotar en la logística y la infraestructura, tiene necesariamente que pasar por los hombres y las mujeres de nuestra fuerza pública, y tiene que pasar por la devoción que debemos nosotros profesar por esas personas que han arriesgado su vida, que han arriesgado su pellejo, que se la han jugado por el país entero, y a ellos, a nuestros policías, a nuestros soldados, a nuestros retirados, les debemos gratitud, les debemos reconocimiento y admiración.

Este debate parte de la confirmación de una injusticia monumental que se ha cometido con ellos a lo largo de muchos años y que nosotros tenemos la oportunidad de enmendar, de corregir y sobre todo de resolver hacia el futuro, lo digo dentro del marco de una valoración, de una avalancha, de una catarata de demandas, muchas de ellas, la gran mayoría de ellas como lo ha reconocido la propia jurisprudencia, absolutamente justas, absolutamente correctas.

El debate que hoy adelantamos, parte también de una valoración de lo que debe representar en Colombia como mandato, para el poder Ejecutivo, para el Gobierno y para el Congreso, la reiteración de la jurisprudencia y de los fallos de nuestros Tribunales y de nuestras Altas Cortes.

Les enseñaban a los alumnos de primer semestre de Derecho que un fallo podía indicar el destino y el sentido de la jurisprudencia, que tres constituían doctrina probable, aquí tenemos una circunstancia en la que el Estado colombiano ha perdido, óigase bien la cifra, cerca de 25.000 procesos, 25.000 procesos que han ganado en justicia nuestros Policías, nuestros Soldados, nuestros retirados y aun el Estado discrepa frente al poder de ese precedente.

Con 25.000 fallos en contra, todavía se preguntan si habrá razón para sostener una teoría contraria, y lo digo desde la posición que ocupo y con el respeto y con el compromiso que tengo para rodear, repito, al Gobierno del Presidente Santos para que sea exitoso, yo tengo enorme respeto por los señores Ministros, el señor Ministro de Defensa, aquí presente; el señor Ministro del Interior, quien se ha excusado y bien lo representa nuestro Viceministro, el doctor Aurelio Iragorri.

Por el señor Ministro de Hacienda, que había hecho su ingreso y seguramente en breve debe estar aquí nuevamente, porque es él uno de los principales responsables para encontrar la salida en este debate, lo digo con respeto, pero con firmeza, porque cuando Colombia necesita consolidar esta política de seguridad, no lo puede hacer a costa de desconocer los derechos de nuestros Policías y los derechos de nuestros Soldados.

Está bien de palmaditas en la espalda y de medallas para muchos de ellos, pero es hora que haya una línea jurisprudencial categórica y contundente, y que no basta darles las gracias en el público o en privado, y que no basta con reconocer cómo son de importantes para defendernos la vida, hay que pagarles lo que es justo, hay que pagarles lo que se merecen, hay que pagarles eso que se han ganado dentro del marco absoluto del respeto por nuestro Estado de derecho y por nuestro ordenamiento jurídico.

Aquí lo que vamos a analizar en el debate tiene que ver con ese espíritu de construcción fraterna de país; el debate tiene un antecedente con la jornada que adelantamos en la Comisión Segunda, con la Presidencia del doctor Guillermo García, la intervención muy destacada de varios de mis compañeros senadores del MIRA, el senador Virgüez; del Polo, el Senador Camilo; mis compañeros de la bancada de la U, mis compañeros del Partido Conservador y del Partido Liberal, y traemos hoy este debate y yo lo digo con todo respeto, pero con toda franqueza, porque siento que ese esfuerzo más allá de la buena voluntad que se ha expresado por parte del señor Ministro Rivera, de sus asesores, del Ministerio de Hacienda, no ha fructificado.

Durante mucho tiempo se dijo que no era posible que el debate culminara con éxito porque no tenían un mandato para resolver la litigiosidad en materia de reclamaciones prestacionales y salariales, pues bien, nos dimos a la tarea contra la dura tecnocracia de aprobar en el Plan de Desarrollo con el apoyo de todos ustedes, con la gratitud que expreso por todos mis compañeros del Senado, que lo aprobaron de manera unánime, un artículo que nos permite resolver, que nos abre el camino y que le da la herramienta al Gobierno para encontrar una salida frente a esta situación que viven nuestros Policías, nuestros Soldados y nuestros Retirados.

Incorporado en el Plan de Desarrollo, define como mandato la búsqueda de resolución de esa litigiosidad, ¿y a quién se la encomienda? Al señor Ministro de Hacienda y al señor Ministro de Defensa, ¿y con qué criterio lo aprobó este Congreso? Precisamente con el criterio de evitar la parálisis en los Ministerios de Defensa y Hacienda por temor a que luego contra los funcionarios repitan, es decir, se devuelvan con condenas por haber ordenado pagos, ese temor que les asalta a muchos funcionarios públicos, que nos ha asaltado a quienes hemos ocupado posiciones en el ejecutivo, queda resuelta, queda resuelto con la inclusión de ese artículo en el Plan de Desarrollo.

¿Qué quiso el Congreso? ¿Qué quiere la Ley del Plan? ¿Qué indicó la Ley del Plan en ese artículo? Que esto no se puede seguir dilatando, que esto tiene que ser resuelto, sí hay abultada jurisprudencia, les recuerdo, cerca de 25.000 fallos, un dos, un cinco y tres ceros, 25.000 fallos, y un mandato en el Plan de Desarrollo. Yo aspiro y espero que a partir de este debate podamos nosotros ir encontrando la respuesta contundente que esperamos del Gobierno para que se resuelvan las cerca de 130.000 demandas que empezarán a cursar si no se atienden estas pretensiones.

El agotamiento de las vías gubernativas, en cerca de 80.000 casos, más los que cursan indican que aquí se estaría condenando al Estado a una parálisis judicial por congestión derivada de procesos que ya tienen respuesta, que ya tienen una solución, por eso lo traemos hoy a la plenaria del Senado de la República, y repito con respeto total por los funcionarios, por respeto total por el Gobierno al que acompaño, al Gobierno, al que quiero, el Gobierno por el cual tenemos puesta la camiseta, pero también como nos lo manda la obligación con la Patria y con la gente que está siendo posible que nuestra patria quede libre de la amenaza terrorista y de la criminalidad, con la convicción de que ha llegado la hora de tomar esta decisión.

Cuando hicimos el debate en la Comisión, mis buenos amigos, los Ministros de Hacienda y de Defensa, me dijeron, y yo los entendí, que no lo podían hacer porque no había mandato legal, inclusive hablamos de algún caso, quizás el de Dragacol, en el que se devolvieron contra un funcionario digno y decente, aquí ese temor, apreciado Ministro de Hacienda, apreciado Ministro de Defensa, con la aprobación del Plan de Desarrollo queda resuelto porque tienen ustedes un mandato, porque el Congreso expresó la voluntad para que este tema se resuelva, para que a los policías, a los soldados y al personal en retiro no se les siga generando esta injusticia.

Han dicho algunos asesores que la jurisprudencia puede cambiar, sí, algún día el Bolívar de la Plaza puede hablar, algún día puede aterrizar un platillo volador en la carrera séptima, pero lo cierto es que tienen 25.000 fallos en contra, que a mí no me vengan a decir en ningún país del mundo que una jurisprudencia tan abultada admite dudas, y se los digo también con respeto, es al contrario, queridos Ministros, es al contrario, queridos funcionarios del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Defensa, empiezan a ser responsables, es por lo contrario, por obligar a la gente a demandar al Estado, empiezan a ser responsables por obligar a la gente a ir a litigio y a pleito, empiezan a ser responsables por lo que en el Derecho Administrativo podría asimilarse a una denegación de justicia, a una denegación de pretensiones justas.

Lo que era un argumento en el pasado hoy es, por el contrario, la espada de Damocles, para el Ministro de Defensa y para el Ministro de Hacienda, los pueden acusar en el futuro con una jurisprudencia tan ajustada de estar obstaculizando el ejercicio de derechos legítimos y el pago legítimo de prestaciones que les caben y que merecen los policías, los soldados, los pensionados y retirados.

Ahora, querido Ministro Echeverry, querido Ministro de Defensa, es al contrario, ustedes tienen la oportunidad de no asumir la carga de denegar prestaciones justas, de denegar prestaciones con abultada jurisprudencia, ¿quién les va a decir que pagaron mal con 25.000 fallos en contra? En cambio les van a decir, que están obstaculizando los derechos, que están martirizando a la gente, que les están negando la posibilidad de recibir lo que les pertenece.

Tenemos una información evidente y abultada sobre pensionados que murieron esperando que los funcionarios del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Hacienda les reconocieran lo que ya la jurisprudencia les había concedido, vimos a sus viudas, vimos a sus hijos y vimos a su prole llorando ante el féretro con la injustica de no tener lo que les pertenecía porque el camino que optaron, que escogieron en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio de Hacienda fue el de obligarlos a demandar.

En el Estado colombiano eso se tiene que acabar; el Estado colombiano no puede ser un Estado que obliga a un policía humilde, que le sirvió la vida entera al país, a gastarse el 30 por ciento de lo que en derecho le pertenece, pagándole la cuota litis a un abogado; el Estado no puede ser un favorecedor de carteles de abogados que los buscan para cobrarles plata y para quedarse con lo que se ganaron arriesgando sus vidas.

El Estado no puede seguir propiciando esa política y lo digo porque sé, cuando les hablo a Juan Carlos Echeverry y a Rodrigo Rivera que tenemos buenos colombianos y buenos Ministros, que tienen la capacidad política de darle un giro a esto y que saben que aquí hay una cita con las personas que hoy están haciendo posible la política de seguridad en Colombia.

Es por eso que el debate se convoca a la plenaria, con la certeza, la convicción y la determinación de encontrar un acuerdo, subrayo, para terminar este primer bloque, la responsabilidad que les cabe, si no se acepta lo que la jurisprudencia ha concedido.

 

En ese sentido también hay doctrina y también hay información, cuando los fallos indican que así se debe proceder, es denegación de derechos, obligar a demandar a la gente, ya está todo servido pues para que este proceso pueda resolverse y para que los hombres y mujeres de la policía, sus familias, todas sus familias a las que tanto les debemos, puedan finalmente ver cómo sus pretensiones se resuelven, y yo lo digo porque los he visto, gente buena, aquí nos acompaña un grupo significativo de ellos y nos están siguiendo en todo el país, gente buena, gente honorable, gente honrada, que no se merece que el Gobierno, cualquiera que sea, que no se merecen que el Estado les ponga conejo, negándoseles lo que se les debe, negándoseles lo que se han ganado con su lucha; repito, este argumento tiene soporte en 25.000 fallos de las Altas Cortes de los Tribunales en Colombia.

 

Son varios los acápites, Senador Camilo, que hemos venido trabajando en este frente, el primero tiene que ver con un tema esencial en materia laboral, en materia de derechos laborales, tiene que ver con una garantía constitucional, es la garantía constitucional asociada con la recuperación del poder adquisitivo, de las remuneraciones, de los salarios, de las asignaciones para que puedan compensar el detrimento que ha causado la inflación.

Ese es un principio tutelar de un Estado fraterno, ese es un principio tutelar de un Estado de derecho, la posibilidad de recuperar con el aumento lo que se devoró la inflación, es un tema que ya hoy prácticamente ni amerita discusión, pues bien, los Policías de nuestra patria, los Soldados de nuestra patria recibieron durante varios años incrementos que ni siquiera compensaron la inflación.

Los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2004, 2003, en todos estos años, el incremento fue inferior al alza de la inflación. ¿Qué pasó? Que les arrebatamos su derecho a un salario justo, que les negamos lo que mandan la Constitución y las leyes, para que los Policías y los Soldados tengan la posibilidad de ajustar su salario para cumplir con sus necesidades, son hombres humildes que luchan para sacar adelante a sus hijos, que no tienen lujos, que no tienen excedentes financieros.

Aquí lo que hemos visto es que, como lo pueden apreciar en el cuadro, en el año 1997 les pagaron 7 puntos por debajo de la inflación, casi dos puntos por debajo en 1999, casi cuatro puntos por debajo en el año 2001, casi tres puntos por debajo en el 2002, casi dos puntos en el 2003, punto y medio en el 2004. Aquí lo que hay es una injusticia monumental, una injusticia monumental, y por eso, en razón a eso, es que han perdido los fallos, por eso es que se han pronunciado las Cortes, por eso es que han condenado al Estado a pagar como corresponde.

¿Qué es lo cruel? Se lo acabo de decir, 30 por ciento para el abogado, la plata de ellos, ¿qué está haciendo el Estado? Alimentando a los abogados y sacrificando a los policías, alimentando a los que cobran y negándoles a los policías su ingreso, su ingreso legítimo, el ingreso que se ganaron con trabajo y con sudor, y les parece a algunos que le están prestando un gran servicio al Estado, obligando a que sean los abogados los que se ganen estos recursos.

Lo que hay ahí es cruel, lo que hay ahí es infame, lo que hay ahí es doloroso, no puede ser; no puede ser que en presencia de todos estos fallos sigan diciéndoles: Señores, demanden porque lo que es este Gobierno, porque lo que es este Estado, porque lo que es este Ministerio de Hacienda y este Ministerio de Defensa no les vamos a pagar porque nos parece que todavía no está suficientemente clara la posición jurisprudencial.

Eso no puede ser, en ese proceso les quiero contar, en el primer paquete, el total de demandas falladas son 25.000 por concepto de IPC, es decir, de esta actualización, son 12.000, se han agotado a la fecha 86.000 vías gubernativas, ¿qué quiere eso decir? Que ustedes, amigos del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Hacienda, están causando un nuevo detrimento al Estado, obligando a que les metan 86.000 demandas que van a perder, es que el detrimento no es por reconocer prestaciones justas, el detrimento es por obligar a demandar lo que ya saben que van a perder.

Entonces, estamos en puertas de verificar cómo se van a radicar 86.000 demandas nuevas con una claridad en la jurisprudencia en relación con el sentido que tendrán esos fallos, a eso ha de sumarse el paquete de 35.851 demandas que en este momento están en curso contra las cajas de retiro por IPC. Excúsenme, compañeros Senadores, insisto en las cifras, ¿saben ustedes lo que es obligar a la gente buena, a 86.000 personas buenas a que demanden al Estado por algo que ya se sabe que el Estado tiene que fallar?

¿Saben ustedes lo que es este volumen de 35.000 pleitos? Cuánto hemos ido y deploro que no esté el Ministro del Interior y de Justicia, pero está bien representado por nuestro amigo el Viceministro, ¿cuántas veces hemos oído el discurso oficial rasgándose las vestiduras para evitar la congestión judicial? ¿Cuál evitar la congestión judicial si nos están obligando a tener que llevar el costo de 86.000 demandas adicionales? ¿Cuál discurso oficial de que vamos a descongestionar la justicia? Para eso no aprobamos el nuevo Ministerio de Justicia; el nuevo Ministerio de justicia no puede ser un obstructor de derechos, no puede ser un denegador de justicia, el nuevo Ministerio de justicia no puede ser para que aquí se nos monte una estrategia para negarle a la gente lo que en derecho le pertenece; el nuevo Ministerio de Justicia tiene que apuntar a resolverles sus demandas y atenderles sus pretensiones.

Lo más grave de esto, además de la injusticia que se comete con los retirados, amigos, y en esto quiero ser claro, es que aquí hay una bomba de tiempo silenciosa, pero fatal, es la bomba de tiempo de la desmotivación de la tropa, es la bomba de tiempo y aquí les hablo a miles de policías y soldados que hay en Colombia, que no hablan duro mientras están activos, y no hablan duro porque los botan, no hablan duro porque los sacan, no hablan duro por temor a las represalias, pero ellos saben que tienen un derecho que se les ha negado a lo largo de estos años, y saben que lo primero que van a hacer al momento de estar fuera de las Fuerzas es contratar un abogado para que reclame lo que les fue negado.

Es que aquí nos hemos dado batallas por defender a las Fuerzas Armadas, y los vamos a seguir haciendo, y yo lo hago con convicción y esas son las batallas que damos por temas como la justicia Penal Militar, para que sea justa, para que no encubra barbaridades, pero para que garantice derechos y en la polémica que se despertó sobre el fuero carcelario, y las polémicas todas que se han desatado en relación con la defensa de nuestra Tropa y de nuestros Soldados y también de nuestros Coroneles y de nuestros Generales.
¿Pero qué hacen?, ¿qué hacen? terminan su servicio activo e inmediatamente van a contratar un abogado, lo que pasa ahí, Ministro, y usted es un hombre bueno, y usted es un hombre decente y recto, lo que pasa ahí es que ellos no le cuentan a usted, Ministro, lo inconformes que están, lo que les duele que a otras áreas de la actividad en Colombia les hayan nivelado, como lo hicieron con los funcionarios de la Administración de Justicia, y tenían razón los funcionarios de la Administración de Justicia.

Cuando voy a una parada militar, cuando acompaño al Presidente, a ustedes no les dicen, a mí me dicen pasito: Siga, doctor Lozano, siga que usted tiene razón, y no les digo quiénes, pero son decenas, centenares que me dicen tiene razón, eso usted lo está reclamando porque lo merecemos, hombre; a un policía modesto, a un soldado modesto, ¿cómo le van a negar que su salario se ajuste con la inflación? ¿Cómo le van a seguir negando eso? La bomba es letal, Ministro, y usted los motiva, y usted tiene toda esa buena voluntad, pero ellos adentro saben que el Estado, por el que están arriesgando sus vidas, no les está pagando lo que ellos merecen, no les está pagando lo que en derecho les corresponde.

Por eso, por eso es que las demandas de IPC deben seguir; a veces yo pienso cuando veo todos esos operativos, es que lo que tenemos que hacer es un pedestal frente a la gente de nuestra Fuerza Pública, pero eso hay que expresarlo en que su derecho, sus derechos se paguen, por eso el tema esencial aquí tiene que ver con justicia y con equidad, y por eso lo que se aplica a los pensionados, a los retirados, para ser exactos, en la accesión del concepto, también es una aspiración legítima que tienen los policías y los soldados.

Yo no sé qué más esperar, yo no sé. Doctor Gerléin, usted que lleva tantos años, como el doctor Iragorri, siendo nuestros decanos y nuestros maestros aquí, si hay algún otro caso en la vida colombiana, en la que tengamos 25.000 fallos en contra para que el Estado tome la decisión; por eso, y seré reiterativo, el camino está abierto, el camino está despejado por este Congreso con la norma que logramos incorporar en el Plan de Desarrollo.

Se han sostenido dos argumentos para negarles ese derecho: el primero, relativo al principio de oscilación, y el segundo relativo al régimen especial de las Fuerzas; estas son garantías para la Fuerza Pública, no pueden ser instrumentos para obstaculizar sus derechos, son garantías, no hostilidades, es para que sus derechos sean satisfechos y la forma de resolver los conflictos cuando hay regímenes especiales no es el de castigarlos porque hay un régimen especial. La ley establece regímenes especiales en consideración al papel estratégico que cumplen en la sociedad colombiana.

Por eso el principio de oscilación se interpreta mal, y se entiende mal, cuando pretende aplicarse como un instrumento para cercenarles un derecho, ¡ah¡, que no se puede reconocerles a los pensionados, repito, a los retirados porque entonces tocaría reconocerles a los activos, pues claro, eso es lo que manda el derecho, eso es lo que manda el Estado de Derecho.

Si ese principio opera así, no puede ser que les negamos a los activos porque ya les negamos a los retirados o viceversa, tiene que ser en favor de los unos y los otros, como se aplica el principio y lo mismo que el régimen especial. ¿Quién ha dicho que el régimen especial es un régimen para cercarlos y negarles derechos y garantías? Es la propia Corte, la propia Corte Constitucional, la que ha señalado, hablando del régimen especial de la Fuerza Pública, que ese tiene que ser el espíritu.

Dice el Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes en su fallo C-461 del 95: Por las razones anteriores, la Corte considera que el establecimiento de regímenes especiales, como aquellos señalados en el artículo 279 que garanticen en relación con el régimen pensional un nivel de protección igual o superior, resultan conformes a la Constitución y la subraya que sigue es mía.

Comoquiera que el tratamiento diferenciado, lejos de ser discriminatorio, favorece a los trabajadores a los que cobija, pero si se determina que al permitir la vigencia de regímenes especiales se perpetúa un tratamiento inequitativo y menos favorable para un grupo determinado de trabajadores frente al que se otorga la generalidad del sector, y que el tratamiento dispar no es razonable, se configuraría un trato discriminatorio en abierta contradicción con el artículo 13 de la Constitución.

¿Qué está diciendo la Corte Constitucional? Está diciéndoles cómo se aplica un régimen especial, no para discriminar, no para recortar, no para cercenar, no para vulnerar derechos; se aplica un régimen especial para garantizar derechos de un sector especial de nuestra sociedad que así lo amerita y así lo necesita.

Dicho eso, habría que señalar entonce s que lo que esperamos después de este debate y con el mandato que ha conferido el Plan Nacional de Desarrollo, es que varíe la inveterada postura del no se puede, que ustedes sepan que ya hay un instrumento, que sepan que la ley los obliga a aplicar ese instrumento para resolver la litigiosidad, que sepan también que teniendo los instrumentos y los fallos en contra, el reloj empieza a correr es en contra de ustedes, en contra de quienes teniendo cómo y teniendo vía jurídica aún no adoptan la decisión para resolver este problema.

En medio de la desesperanza que me producen siete meses de haber esperado este debate, yo soy optimista, porque yo creo en Juan Carlos Echeverry y en Rodrigo Rivera, que serán sensatos, y que serán justos; yo me resisto a creer que lo que nos van a decir es que se queden viendo un chispero los policías, que se queden viendo un chispero los soldados, que se queden viendo un chispero los retirados.
Ministro Rivera, ya tiene un camino, ya tienen la ruta, ya tienen la vía, ya tienen el mandato de este Congreso, y yo sé que ustedes encontrarán la forma de aplicarlo. No sigan, por Dios, por caridad, por humanidad, no sigan obligando a nuestros policías y a nuestros soldados a proceder demandando al Estado, que lo que les debe es gratitud, y que lo que les debe es reconocimiento.

El segundo tema, igualmente delicado, el segundo tema, en el que hubo ya catorce mil demandas falladas en contra del Estado por este concepto, tiene que ver con la nivelación salarial que ordenó la Ley 4ª del 92, y que ordenó el establecimiento de una escala gradual porcentual para nivelar al personal activo, retirado y pensionado.

En otra época, este Congreso tomó una decisión correcta al aprobar la Ley; sin embargo, al momento de aplicarla y de reglamentarla se expidió un decreto ilegal, un decreto ilegal, un decreto que les quitó los derechos a los retirados que la Ley les había querido dar, y cuando digo que fue un decreto ilegal, no lo digo para utilizar un adjetivo peyorativo contra el Gobierno, lo digo porque fue el propio Consejo de Estado el que consideró que ese desarrollo vulneraba la potestad reglamentaria, se excedía en la potestad reglamentaria al generar una restricción que no había contemplado el Legislador, principio elemental del derecho, principio elemental del derecho.

El Legislador define el ámbito de una pretensión favorable; el Ejecutivo no la puede cercenar, pues la cercenó olímpicamente, se la pasó por la faja, eso no es culpa suya, Ministro Rivera, se la pasó por la faja, los engañó, los excluyó, los maltrató, violó la Ley hasta el punto en que tuvieron que demandar, y el propio Consejo de Estado señaló que ahí había una ilegalidad, y al señalar el Consejo de Estado que ahí había una ilegalidad, iniciamos una nueva etapa de infamias porque en vez de reconocerle, apreciado Senador Aurelio, la prestación a los retirados, nuevamente los obligaron a demandar, y los obligaron a demandar y el Gobierno perdió 14.000 demandas, otras 14.000, aparte de las 12.000 anteriores. Vamos en 26.000.

¡Qué situación absolutamente cruel se está presentando! Los que demandaron ganaron; los que demandaron tienen una situación distinta de la que tienen los que no demandaron; el Estado una vez más estimuló una litigiosidad innecesaria y devoradora, pero está pasando algo aún más grave: cuando el Consejo de Estado tumbó la iniciativa de la reglamentación, lo que en el fondo, apreciado Senador Soto, lo que en el fondo estaba diciendo es: Tienen derecho los retirados, a los retirados no los podían excluir, lo que está sucediendo hoy, que es terriblemente cruel, es que mientras el Estado se negó, mientras el Estado lo evitó, mientras el Estado los carameleó, mientras el Estado jugó con ellos, fue corriendo implacable el término de prescripción.

Muchas gracias, señor Presidente. También permitió tomar un sorbito de agua. En ese proceso de volteretas del Estado fue corriendo el tiempo de la prescripción y entonces personas buenas, que no tenían acceso a la revista Ámbito Jurídico, que no están suscritas a las actualizaciones de Legis ni de Temis, que no se mueven por los despachos oficiales, como son la gran mayoría de los soldados y policías retirados de Colombia.

Luchando por sus hijos, luchando por sus nietos, regresando a sus municipios de origen, con gran esfuerzo han construido algunos de ellos una casita, tienen un carro, no andan detrás de las notificaciones en las Cortes, se les fue pasando el tiempo y ahora les dicen que aquello que ocurrió por culpa del Estado, que aquello que ocurrió por la culpa única y absoluta de un decreto reglamentario abusivo, ha generado una prescripción.

Aquí tenemos entonces dos situaciones de derecho diferentes, con fundamento en un concepto del Consejo de Estado que ha solicitado el señor Ministro Rodrigo Rivera y cuya reserva por mandato del propio Ministro se ha levantado, habría que concluir que los procesos que están haciendo curso el Gobierno los debería pagar ya, ya, salir mañana en un diálogo de los dos Ministros y sus asesores, para decir ya, eso toca pagarlo, y los que se encuadran dentro de esta figura de la prescripción en virtud del concepto del Consejo de Estado requerirán de nuestra parte la tramitación de un proyecto que habilite la presentación de esas demandas.

Que no es otra cosa que la recuperación de su dinero, y espero que el Ministerio de Hacienda no se nos atraviese; espero que cuando estemos aquí radicando este proyecto, no nos digan que no hay sostenibilidad fiscal, concepto que se aplica de manera muy amplia para algunas iniciativas, y de manera muy restrictiva para otras.

Y no lo digo por el Ministro Echeverri, lo digo porque ha sido una práctica inveterada en el sector de Hacienda. ¿Cuántos buenos proyectos han naufragado aquí en este Congreso? Porque con arbitrariedad tecnocrática se dice que no hay con qué pagar ese proyecto, mientras simultáneamente vemos que se autorizan otros más costosos, más cuantiosos y quizás menos justos o menos indispensables.

Aquí alcanzamos a proponer, incluso, Senador Camilo, que si el problema era el de una falta transitoria de liquidez cuando estaban estudiando el destino de los recursos que deberían venir por una de las nuevas modalidades en sus distintas versiones que nos han presentado sobre capitalización o venta de Ecopetrol, que aquí se destinara una porción para ese propósito, ¿cómo es que no va a tener el Estado Colombiano? ¿Cómo es que no va a poder el Estado colombiano pagarles a los retirados? ¿Cómo es que les va a negar ese derecho? ¿Cuánta plata se ha robado aquí un grupo enorme de gente que debería estar toda en la cárcel y para eso sí hubo plata? ¿Cuánta plata ha faltado para que les paguen a ellos? Muy poquitas en comparación con las cifras gruesas del Presupuesto del Estado.

¿Qué ha faltado y qué espero yo que consigamos después de este debate? Voluntad política para resolver el problema, voluntad política, ganas de resolverlo. Lo más fácil siempre es decir que no, que no se puede. Ministro, usted va a ser responsable; Ministro, a usted después lo clavan; Ministro no hay con qué; Ministro, eso no. No, es al contrario; nosotros tenemos la posibilidad de resolver ese tema, y creo que el camino y yo aspiraría que pudiéramos adelantar esa iniciativa, es el de un proyecto que ojalá pudiéramos suscribir en todas las Bancadas como un gran acuerdo para darles lo que es justo a los policías y a los soldados de nuestra patria.

Sé que me va corriendo el tiempo y quiero ser muy respetuoso del tiempo que se me ha concedido en relación con la nivelación salarial, entonces que les paguen ya a los que les deben, que ya tienen todo para poderlo hacer, y en el otro caso que nosotros podamos iniciar ese proyecto aquí en el Congreso de la República ante la reticencia oficial de tantos años, para que el proyecto pueda ser exitoso.

El otro día me decían: Pero es que esto viene de hace mucho tiempo. Sí, igual que ellos, me encontré hoy varios hombres que tienen carpetas guardadas desde cuando el doctor Gabriel Melo Guevara era Senador de la República y le pedían que por caridad los ayudaran en el año 90, en el año 91, en el año 92. Aquí han pasado por radicaciones, sellos y carpetas, y siguen pasándolo, ahora tenemos una oportunidad para corregir esta situación.

Nosotros tenemos entonces esa posibilidad, esa decisión y con la buena voluntad de los dos Ministerios, estoy seguro que lo vamos a poder resolver; además, porque pasó otra cosa que es injusta y es que la nivelación empezó de arriba para abajo; yo soy devoto admirador de los Generales de la República, mantengo con ellos un diálogo constante, permanente, con los Generales, con los Coroneles; pero cuando miro hacia atrás no entiendo por qué los temas de asignaciones empiezan por el Generalato y no les alcanzan a llegar a los Policías y a los Soldados, desborda mi capacidad de comprensión, por qué ante recursos escasos no existió un criterio de equidad para atender de la misma manera a los que están en la cúspide y a quienes, repito, admiro y respaldo, saben que yo soy un devoto defensor de nuestro Generalato y de las Fuerzas Públicas con Colombia, pero me parece que aquí hay un precedente nefasto y nosotros debemos rechazarlo hacia el futuro como algo indeseable en la patria.

Entonces ahí tenemos esa ruta, tenemos el concepto del Consejo de Estado, pero el concepto del Consejo de Estado, repito, abre la puerta para que el otro proceso, es decir, el de quienes en tiempo radicaron sus demandas, las puedan surtir. ¿Qué tal, doctor Aurelio, esta situación tan injusta? el Estado les pone conejo, el Estado les niega el derecho, el Estado los engatusa, el Estado les dice que no, que no demanden, que no tienen derecho y luego corre la prescripción, y luego no pueden demandar, entonces eso lo tenemos que resolver aquí en este Congreso.

La prima de actividad, los agentes, el nivel ejecutivo no tienen prima de actividad, hay muchas, muchas razones para sostener que quienes hoy disfrutan de la prima de actividad bien la merecen, yo creo que así es, pero a mí me resulta totalmente incomprensible la estructuración discriminatoria de esa prima, y me parece que otra de las conclusiones de este debate así adelante, de manera general.

Es que nosotros no podemos seguir pensando en la marcha de la fuerza pública, si no tenemos devoción por los soldados y por los policías, y finalmente ellos son los que mueren, ellos son los que vemos todos los días sacrificados en un atentado, sacrificados en un operativo, ellos son los que más sufren, la mayor cantidad de viudas, la mayor cantidad de huérfanos viene de esos niveles en nuestra Fuerza Pública. ¿Cómo, cómo les vamos a seguir negando sus derechos que se les han reconocido a otros estamentos y a otros sectores?

Y lo propio podría predicarse del trato absolutamente discriminatorio de la prima de antigüedad. La prima de antigüedad hoy se la niegan a los patrulleros de la policía; un patrullero que lleva hoy 13 años en la policía, gana lo mismo que un patrullero recién salido de la escuela; ¿cómo puede ser eso con nuestros patrulleros? ¿Entonces cuál es el estímulo, aparte de que aquí habido algo absolutamente indebido y que mi General Naranjo se ha comprometido a resolver y es que como tampoco los llamaban a los cursos de ascenso, entonces se quedaban años y años, y años y años sirviéndole al país, sirviéndonos a nosotros con los ascensos reprimidos, con los ascensos represados? ¿Cómo quieren que la Fuerza Pública tenga la devoción? Porque son héroes es que la mantiene, porque son nobles y buenos es que la mantienen, pero ahí los han aguantado y aguantado, que este año no hay ascenso, que el año entrante tampoco, que no los llaman a curso. Qué bueno, Ministro Rivera, qué bueno que usted hizo la convocatoria a los cursos de ascenso después de un retraso severo y grave.

Eso no puede volver a pasar; pero además de que no les hacen los ascensos, no les conceden la prima de antigüedad, la prima de antigüedad que se las conceden en otros niveles y en otros rangos, ¿cuál es la explicación para que en otros rangos de la Fuerza Pública les conceda la prima de antigüedad y no se la reconozcan, no se la reconozcan a los patrulleros, a los subintendentes, al nivel ejecutivo? Ojalá todos los muchachos que ingresen tengan derecho a esa buena remuneración.

Pero lo que sí no tiene sentido, porque además eso destruye cualquier organización, es que el que recién salió tengan exactamente el mismo trato que el que lleva 13 años poniendo el pecho, sacrificándose, arriesgando su familia, quebrantando su familia, para no hablar de aquellos a los que les toca irse en un traslado, dejar a sus hijos, dejar a su familia.

Sé que aquí veo reloj corriendo de manera inexorable, pero quiero hacer referencia a dos temas finales; saben ustedes amigos Senadores quiénes no tienen derecho al subsidio familiar en Colombia, atérrense, sorpréndanse y conduélanse, los soldados profesionales de Colombia, a los soldados profesionales en Colombia les quitaron el subsidio familiar, no puede ser y la sociedad observa cómo ellos siguen sacrificándose y defendiéndonos.

Miren, 9 mil heridos, 10 mil muertos, tres mil con discapacidades permanentes. No. Hacienda, de un plumazo, consideró equivocadamente en el año 2009 y lo digo a plena conciencia de la fecha que no merecían el subsidio familiar los soldados profesionales, eso es absolutamente inadmisible, de un plumazo les dicen, no qué pena, vamos a expedir el Decreto 3770 y adiós al subsidio familiar, se quedaron sin subsidio familiar los soldados profesionales en Colombia, no puede ser.

Nosotros en este Congreso tenemos que ponernos en el pellejo de nuestros policías, en el pellejo de nuestros soldados, en el pellejo de nuestros retirados, qué seguridad democrática hacia adelante podemos proyectar, cuál es la garantía de estabilidad de nuestra política de seguridad, si nosotros no somos capaces desde este Congreso de exigir.

De levantar la voz por ellos, de hacer eco con ellos en relación con estos derechos que les han sido cercenados y que les han sido vulnerados, o es que nos van a decir que el déficit fiscal se debe a que vamos a pagar el subsidio familiar de los soldados, o es que nos van a decir que el grado de inversión lo van a negar porque le vamos a reconocer a los policías y a los soldados lo que es justo, o es que nos van a decir que se descuadran las cuentas nacionales, porque no se les puede pagar a los policías y a los soldados.

Y hago un paréntesis respetuoso y amable para referirlo en paralelo, mañana empieza la discusión de la ley de víctimas, mi partido, el Partido del Presidente Juan Manuel Santos, el partido del ex Presidente Álvaro Uribe, nuestro Partido de la U, va a acompañar la ley de víctimas, y va a acompañar la ley de víctimas con convicción porque estamos comprometidos con la sanación de esas heridas, con extender la mano del Estado a las víctimas en Colombia, estamos comprometidos con que aquellos que perdieron su tierra por el despojo de los grupos criminales, terroristas, financiados por el narcotráfico, recuperen sus tierras.

Estamos comprometidos con que la ley simultáneamente logre ayudar y acompañar a las víctimas y mantener la fortaleza de la política de seguridad como lo dijo el Presidente Santos, pero eso requiere un marco de responsabilidad fiscal, querido Ministro, al oído, no hemos recibido la comunicación en relación con ese tema, y para la deliberación frente a la ley de víctimas, nosotros creemos absolutamente en lo que aquí se ha dicho.

Nosotros sabemos que ustedes han hecho un ejercicio responsable, pero aquí siguen corriendo las versiones y las especulaciones, que la ley cuesta 40 billones, que la ley cuesta 30 billones, lo que están pidiendo nuestros policías y nuestros soldados, quizá no llegue a un billón de pesos, esto no es ni una parte cuarenta de lo que puede ser la iniciativa que con afecto y con entusiasmo vamos a aprobar a partir de mañana.

Nosotros vamos a darle aprobación, claro a la ley de víctimas, y celebramos las formas como se han podido resolver las deliberaciones de los últimos días, pero lo que estamos aquí pidiendo para la Fuerza Pública es una cifra ínfima en comparación con los agregados de las cuentas nacionales, una cifra realmente pequeña, en comparación con las cifras, con los números agregados de la Nación.

Apreciado Ministro y --yo sé lo responsable que es usted--, yo el otro día les decía, que, claro, le queda más fácil a un Ministro de otra cartera, porque le resulta más fácil ser complaciente y para el Estado colombiano es una garantía tener un Ministro responsable y yo eso se lo digo con respeto, y usted y yo hemos discutido varias veces, sobre estos asuntos.

Es muy importante que nuestro Ministro sea responsable, pero también es muy importante, Ministro, que ese marco de responsabilidad esté acompañado de un marco de solidaridad, sobre todo aquí cuando el derecho ha estado del lado de los retirados, sobre todo aquí, cuando el derecho está del lado de los soldados profesionales.

Yo creo que una conclusión elemental de este debate, debería ser el del restablecimiento del subsidio familiar, que se perdió, eso no cuesta mayor cosa, y en cambio para cada familia, para cada soldado, para cada hijo de soldado, eso tiene una implicación enorme, yo sé que el Ministro de Defensa, los asesores del Ministro de Defensa, han venido estudiando las fórmulas, pero es indispensable que así se proceda, que así se haga.

Y finalmente termino, Presidente Benedetti, gracias por la concesión del tiempo, aunque se nos quedan asuntos que son también importantes, que podremos ver más adelante, los que podremos profundizar, las bonificaciones por compensación, las disminuciones del 20% a las que sometieron a los propios soldados profesionales, los temas de bienestar, celebro el compromiso de la Viceministra Janeth Giha en los temas de educación y capacitación, eso es muy importante, nos lo explicó la Viceministra y yo los aplaudo Ministro Rodrigo.

Pero termino con el tema de la reubicación laboral, tiene que haber un compromiso muy serio en la reubicación laboral y en la construcción de alternativas del futuro para aquellos soldados, para aquellos policías que derivaron una incapacidad permanente por cuenta del accionar de los grupos terroristas, por cuenta de su cumplimiento del deber.

En estos términos, señor Presidente, les digo que aquí, lo que hay es un debate fraterno, respetuoso, responsable, un debate que busca que cerremos este capítulo de infamias, un debate que busca que le reconozcamos a ellos lo que les pertenece, un debate que no quiere más congestión en los juzgados, un debate que no quiere un Estado conejero, que no quiere un Estado que se burle de la gente buena, que no tiene acceso a los abogados de mucho pedigrí, que esperan simplemente que el Estado les juegue limpio.

Tengo plena confianza, plena confianza en nuestro Presidente Juan Manuel Santos, plena confianza en nuestros Ministros y en sus equipos, estoy seguro de que este debate no será un ejercicio, en el que los ministros vinieron a contestar un cuestionario para decir que no, estoy seguro, ministro Echeverry, que a partir de hoy empieza una etapa de resolución de esta litigiosidad, como lo manda el Plan de Desarrollo, y estoy seguro que con su esfuerzo, el del Ministro Rivera, el acompañamiento del Ministerio de Defensa, dentro del marco de una adecuada defensa del Estado, lo vamos a poder encontrar.

Si en el pasado hubo procesos, que de manera tan abultada se fallaron, hoy lo que hay que hacer es garantizar que se reconozcan todos, absolutamente todos esos derechos para no dejar a la gente buena en una circunstancia desfavorable, en una circunstancia injusta y sobre todo, en una circunstancia que a todos nos duele, muchas gracias señor Presidente.

Saben ustedes amigos Senadores, ¿quiénes no tienen derecho al subsidio familiar en Colombia?, atérrense, sorpréndanse y conduélanse, los soldados profesionales de Colombia. A los soldados profesionales en Colombia les quitaron el subsidio familiar, no puede ser, y la sociedad observa cómo ellos siguen sacrificándose y defendiéndonos; miren, 9 mil heridos, 10 mil muertos, 3 mil con discapacidades permanentes, no, Hacienda de un plumazo consideró equivocadamente en el año 2009, y lo digo a plena conciencia de la fecha, que no merecían el subsidio familiar los soldados profesionales, eso es absolutamente inadmisible, de un plumazo les dicen no, qué pena, vamos a expedir el Decreto 3770 y adiós al subsidio familiar, se quedaron sin subsidio familiar los soldados profesionales en Colombia, no puede ser.

Nosotros en este Congreso tenemos que ponernos en el pellejo de nuestros policías, en el pellejo de nuestros soldados, en el pellejo de nuestros retirados, qué seguridad democrática hacia adelante podemos proyectar, cuál es la garantía de estabilidad de nuestra política de seguridad, si nosotros no somos capaces desde este Congreso levantar la voz por ellos, de exigir y de hacer eco con ellos en relación con estos derechos que les han sido cercenados y que les han sido vulnerados, o es que nos van a decir que el déficit fiscal se debe a que vamos a pagar el subsidio familiar de los soldados, o es que nos van a decir que el grado de inversión lo van a negar, porque le vamos a reconocer a los policías y a los soldados lo que es justo, o es que nos van a decir que se descuadran las cuentas nacionales porque no se les puede pagar a los policías y a los soldados.

Y hago un paréntesis respetuoso y amable para referirlo en paralelo, mañana empieza la discusión de la Ley de Víctimas, mi partido, el partido del Presidente Juan Manuel Santos, el partido del ex Presidente Álvaro Uribe, nuestro Partido de la U, va a acompañar la ley de víctimas y va a acompañar la ley de víctimas con convicción, porque estamos comprometidos con la sanación de esas heridas, con extender la mano del Estado a las víctimas en Colombia, estamos comprometidos con que aquellos que perdieron su tierra por el despojo de los grupos criminales, terroristas, financiados por el narcotráfico, recuperen sus tierras, estamos comprometidos con que la ley simultáneamente logre ayudar y acompañar a las víctimas y mantener la fortaleza de la política de seguridad, como lo dijo el Presidente Santos.

Pero eso requiere un marco de responsabilidad fiscal, querido Ministro, al oído, no hemos recibido la comunicación en relación con ese tema y para la deliberación frente a la ley de víctimas, nosotros creemos absolutamente en lo que aquí se ha dicho, nosotros sabemos que ustedes han hecho un ejercicio responsable, pero aquí siguen corriendo las versiones y las especulaciones, que la ley cuesta 40 billones, que la ley cuesta 30 billones, lo que están pidiendo nuestros policías y nuestros soldados, quizá no llegue a un billón de pesos, esto no es, ni una parte cuarenta de lo que puede ser la iniciativa que con afecto y con entusiasmo vamos a aprobar a partir de mañana, nosotros vamos a darle aprobación, claro, a la ley de víctimas y celebramos las formas como se han podido resolver las deliberaciones de los últimos días.

Pero lo que estamos aquí pidiendo para la Fuerza Pública, es una cifra ínfima en comparación con los agregados de las cuentas nacionales, una cifra realmente pequeña, en comparación con las cifras, con los números agregados de la Nación, apreciado Ministro y yo sé lo responsable que es usted, yo el otro día les decía, que, claro, le queda más fácil a un Ministro de otra cartera, porque le resulta más fácil ser complaciente y para el Estado colombiano es una garantía tener un Ministro responsable y yo eso se lo digo con respeto y usted y yo hemos discutido varias veces, sobre estos asuntos; es muy importante que nuestro Ministro sea responsable, pero también es muy importante Ministro, que ese marco de responsabilidad esté acompañado de un marco de solidaridad, sobre todo aquí cuando el derecho ha estado del lado de los retirados, sobre todo aquí, cuando el derecho está del lado de los soldados profesionales”.
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